Cancún, QR. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) presentó demandas penales en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra Paula González Cetina y Gustavo Guerrero Ortiz, ex directores del organismo, y contra Manuel Marrufo Lara, administrador de ambos, por el presunto desvió de mil 610 millones de pesos.
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| Fuga de agua en la Ciudad de México. Foto Alfredo Domínguez |
Francisco Gerardo Mora Vallejo, director general de la CAPA, desglosó los recursos: 560 corresponden a la deuda que arrastra el organismo desde la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, y mil 50 millones por la extensión de la concesión a la empresa Aguakán en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.
Las denuncias fueron interpuestas en conjunto con la Secretaría de la Gestión Pública ante la Fiscalía General del Estado desde diciembre, pero hasta ahora se dan a conocer oficialmente los nombres de los demandados.
La demanda contra Paula González es para el esclarecimiento de mil 55 millones de pesos tras la extensión de la concesión del suministro de agua potable en Playa del Carmen hasta el año 2053, para que explique por qué hizo la transferencia y "bajo qué concepto se desviaron los recursos".
Gustavo Guerrero está acusado por el desvío o transferencia de 560 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y Manuel Marrufo porque fue el coordinador administrativo y financiero en ambas administraciones (la de Paula y Gustavo).
El directivo explicó que los 560 millones de pesos eran para supuestamente cubrir estimaciones de obras pendientes de pago y diversos pasivos contraídos por el concepto de inversión productiva; el monto no fue fiscalizado por la Auditoria Superior del Estado con el argumento de que se ejercería en 2016.
"Fueron tres componentes que necesitamos para las denuncias. Primero, hicimos las observaciones de la entrega-recepción; luego, aplicamos auditorias, y a partir de ese punto se presentaron las denuncias. Los fiscales serán los que decidan si hay los elementos necesarios para que esas personas vayan a la cárcel", refirió.
Añadió que más allá de intentar meter gente a la cárcel, el interés de la CAPA es que se regrese el dinero a la paraestatal para llevar agua potable en cantidad y calidad necesaria y requerida. Señaló que la deuda directa adquirida mediante la banca es de 560 millones de pesos, en obra licitada asignada, de la que falta por pagar alrededor de 200 millones.
"Por derechos de extracción debemos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 100 millones de pesos, y los pagos a proveedores de servicios, insumos y materiales, alrededor de 50 millones de pesos más", precisó Gerardo Mora.
Paula González fue directora de la CAPA de diciembre de 2013 a noviembre de 2015, y ese mismo mes fue relevada por Gustavo Guerrero hasta el final de la administración estatal anterior, en septiembre pasado.
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