Los jueces conservadores insinuaron que la muerte del adolescente en el lado mexicano de la frontera era suficiente como mantener el asunto exento de las cortes estadunidenses.
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| El 7 de junio de 2010, Hernández Güereca murió mientras estaba con tres amigos en el lecho seco del río Grande. |
Washington. La Corte Suprema parece estar dividida uniformemente sobre el caso del mexicano baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza del otro lado de la frontera. Debe de decidir si es que los padres tienen derecho a demandar al agente en un tribunal estadunidense.
El juez Anthony Kennedy y otros jueces conservadores insinuaron durante la presentación de argumentos que la muerte del adolescente de 15 años en el lado mexicano de la frontera era suficiente como mantener el asunto exento de las cortes estadunidenses.
Los cuatro jueces liberales indicaron que apoyarían la demanda de los padres porque el tiroteo ocurrió cerca de la línea fronteriza, en un área en el que los dos países comparten la responsabilidad del mantenimiento.
Una votación 4-4 haría que la corte retuviera el caso y programara una nueva ronda de argumentos si es que el juez Neil Gorsuch es confirmado como noveno juez de la Corte Suprema.
El examen de la Corte se realiza en plena crisis diplomática entre Washington y México por el propósito del presidente Donald Trump de bloquear la entrada de indocumentados mediante la construcción de un muro y enviar al país vecino la factura.
El 7 de junio de 2010, Hernández Güereca y tres amigos se encontraban en el lecho seco del río Grande, que divide a Ciudad Juárez, del lado mexicano, y El Paso, del lado estadunidense.
En esa región, el río corre sobre un lecho cubierto de concreto, con cercas a cada lado. De acuerdo a testimonios, Hernández Güereca y sus amigos subían la pendiente del lado estadunidense para tocar la cerca y retornar al lado mexicano.
Irritado con la diversión, el agente fronterizo Jesús Mesa capturó a uno de los jóvenes y efectuó un disparo desde territorio estadunidense, que alcanzó a Hernández Güereca en la cabeza y le provocó la muerte, al otro lado de la frontera.
Posteriormente, Mesa afirmó que los jóvenes ignoraron su orden para que se alejaran del lugar y además arrojaban piedras en su dirección. La familia de Hernández Güereca, sin embargo, afirma que el joven estaba desarmado y no representaba ningún riesgo.
Las leyes estadunidenses protegen a los ciudadanos contra el uso desproporcionado de la fuerza por parte de instituciones como la policía, pero hasta ahora el sistema judicial ha impedido a la familia del joven procesar al guardia fronterizo.
- Ley más allá del medio del río -
Ante esta situación, los jueces de la Corte Suprema estadunidense tienen ahora en manos un caso centrado en la cuestión del acceso a la justicia por parte de víctimas del uso extraterritorial de la fuerza.
El abogado Bob Hilliard, que representa a la familia de Hernández, argumentó este martes que "este caso trágico es uno de los más simples casos de extraterritorialidad que esta corte ha tenido, y por cinco razones".
"Primero, la conducta del agente ocurrió dentro de Estados Unidos. Segundo, fue un oficial civil de la policía. Tercero, quien presentó demanda es un civil, no un combatiente enemigo. Cuarto, el derecho a la vida es uno de nuestros derechos fundamentales. Y quinto, el gobierno de México apoya esta demanda", dijo.
Durante la discusión, varios de los jueces ponderaron en voz alta si existe una forma para que la ley estadunidense se aplique unos metros más allá de la frontera, ya que la limpieza del lecho seco -el sector entre las dos cercas- se hace en cooperación bilateral.
Esta idea -que permitiría a la familia de Hernández iniciar demandas en Estados Unidos- fue vigorosamente criticada por los abogados que representan al gobierno federal estadunidense y al propio agente Mesa.
"Entendemos que la limpieza del lecho seco del río se hace conjuntamente. Sin embargo, las leyes de Estados Unidos no se aplican más allá del medio de ese lecho seco", argumentó el abogado de Mesa, Randolph Ortega.
Los jueces también discutieron si un fallo en favor de la familia de Hernández sentaría un precedente y abriría las puertas a otras demandas similares.
El magistrado de la Corte Suprema Stephen Breyer definió la cuestión central del caso con una pregunta: "¿Estamos decidiendo también si una persona que sufre un ataque de un dron puede venir a Nueva York a presentar una demanda?".
Un tribunal de primera instancia había rechazado el caso alegando que los tribunales estadunidenses no tenían jurisdicción en el caso porque se trataba de un ciudadano mexicano muerto en México.
Esa decisión fue ratificada por una corte de Apelaciones, y de esa forma el caso, que ha provocado la molestias en México, llegó a la Suprema Corte.
